Andorra bloquea 3 millones de euros de presuntos sobornos de Odebrecht en cuentas de funcionarios del gobierno de Alan García

El Poder Judicial andorrano ordenó, el pasado marzo, bloquear 30 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, con un saldo total de 52,2 millones de euros, que, presuntamente, habrían servido para recepcionar sobornos de la empresa brasilera Odebrecht, y cuya titularidad mantenían empresarios y ex altos funcionarios de los gobiernos de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.

En lo que respecta a Perú, se congelaron 3 millones de euros de 7 cuentas vinculadas a altos funcionarios de la segunda gestión gubernamental del fallecido expresidente Alan García, según documentos a los que accedió el medio español El País.

Con cuentas congeladas

Según la información, en el caso peruano, la jueza del Principado de Andorra, Stephanie García, resolvió esta medida que afecta las cuentas de funcionarios y presuntos testaferros del segundo gobierno aprista. Tal es el caso del exdiputado del PPC, Jorge Horacio Cánepa, quien es investigado por la Fiscalía peruana por, presuntamente, haber favorecido a Odebrecht con 17 laudos que resolvió a favor de la constructora brasilera a cambio de coimas, cuando era árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según El País, la cuenta de Canepa Torre mantenía 1,2 millones de euros, provenientes de Odebrecht, a nombre de su sociedad Maxcrane Finance.

Otro de los exfuncionarios afectados por el bloqueo es Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, que viene cumpliendo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta, y para quien la Fiscalía pide 35 años de prisión por los presuntos delitos contra la administración pública y lavado de activos en agravio del Estado.

Luyo Barrientos mantenía una cuenta a su nombre en el Credit Andorrà con 1,2 millones de euros que, presuntamente, habría recibido a cambio de adjudicar las referidas obras a Odebrecht, valorizadas en 340 millones de euros, aproximadamente.

Asimismo, la medida impositiva alcanza a Santiago Chau Novoa, exfuncionario del Ministerio de Transportes (MTC), para quien la Fiscalía solicita 25 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos por el caso Metro de Lima.

Chau mantenía una cuenta en la BPA con 446 346 euros, desde el 2018, a nombre de la sociedad Ultone Finance Limited.. El exfuncionario perteneció al Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

El medio español revela también que otra cuenta bloqueada de la BPA es la de Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú entre 2008 y 2011. En su caso, según la documentación, ya habría cobrado 1,1 millones de euros en Andorra mediante la firma Amarin Investment, de parte de Odebrecht, por lo que solo se habría podido retener la cifra que registraba su depósito en diciembre de 2015; es decir ,18 191 euros. Además,  Atala Herrera compartía esta cuenta con su hijo, Samir Atala, para quien traspasó la referida firma en octubre de 2007.

Otro exfuncionario afectado por la medida es el exjefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Juan Carlos Zevallos Ugarte, con 115 399 euros retenidos. En su caso, ya habría cobrado 660 000 euros por parte de Odebrecht. Según la Fiscalía, él habria recibido US$ 780 000 en la BPA de parte Jorge Simoes Barata, entre el 2008 y el 2013, a cambio de la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.

Otros implicados

Además, la justicia de Andorra congeló la cuenta, gestionada por Odebrecht, de Gabriel Prado Ramos, quien fue director de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante la gestión edil de Susana Villarán. Su depósito acumulaba 171 euros.

Por otro lado, la medida se aplicó contra la cuenta de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, con 202 678 euros retenidos. En su caso, la Fiscalía nacional lo acusa de haber recibido y ocultado diversas sumas de dinero producto de transferencias hechas a nombre de dos empresas offshore, vinculadas al grupo Odebrecht, para el pago de coimas a políticos y funcionarios públicos de diferentes países, entre ellos Perú.

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