'Los Waykis en la Sombra': ¿cómo habría operado la supuesta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte?

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía detuvieron el viernes 10 de mayo a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente.

En el operativo denominado ‘Valkiria Jericó’ -que se ejecutó simultáneamente en las regiones de Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Abancay-, las autoridades detuvieron preliminarmente a Nicanor Boluarte por ser parte de la presunta organización criminal denominada ‘Los Waykis en la Sombra’.

Por su parte, al abogado Mateo Castañeda, defensor legal de la mandataria en el caso ‘Rolex’, se le atribuye ser el “brazo legal” de la supuesta red criminal.

La hipótesis fiscal señala que Nicanor Boluarte, aprovechando el “poder de facto” dado por su hermana, se habría encargado de instrumentalizar las prefecturas y las subprefecturas provinciales y distritales de los departamentos de San Martín, Cajamarca y “otros por determinar” para hacerse de dádivas económicas y condicionarlos para captar afiliados para el registro del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La red criminal habría querido concretar la inscripción del mencionado partido para utilizarlo como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas.

Además de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, en la investigación fiscal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal figuran otras veinte personas: Jorge Luis Ortiz Marreros, Martín Silvio Carbajal Zegarra, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Lubi Angélica Navarro Bartra, Noriel Chingay Salazar y Fernando Navarro Luna.

Así como Raúl Antonio Oliva Guerrero, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Verónica Solorzano Quispe, Gilmer Flores Fernández, Fidel Becerra Villalobos, César Paico Sánchez, Ilver Mostacero León, Franshesco Noriel Chingay Parodi, Jhon Franci Zambrano Quispe, Víctor Hugo Torres Merino, Jorge Chingay Salazar y Edwin Ugarte Nina.

No obstante, solo se emitió una orden de detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Jorge Ortiz, Noriel Chingay, Zenovia Herrera, Jorge Chingay, Víctor Hugo Torres y Edwin Ugarte Nina.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó que los ocho detenidos permanezcan incomunicados, tras declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público.

¿Cómo operaba la presunta red criminal? 

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ha identificado a Nicanor Boluarte como presunto líder de la presunta organización criminal, cuya estructura cuenta con operadores y coordinadores que habrían trabajado de la siguiente forma, según el auto de detención preliminar.

Jorge Luis Ortiz Marreros, en su condición de jefe de la Dirección General del Gobierno del Interior, cumpliría el rol de operador y “hombre clave” de la red, porque habría utilizado su cargo en el Ministerio del Interior para designar a los subprefectos en Cajamarca tras las propuestas de su amigo y exprefecto de esa región, Noriel Chingay Salazar, quien ostentó el cargo desde febrero hasta noviembre del 2023.

Raúl Oliva Guerrero también habría aprovechado su cargo como director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, al igual que Ortiz Marrero.

Chingay figura como coordinador y operador de la supuesta red criminal después de su nombramiento el 7 de febrero del 2023. La Fiscalía le atribuye haber dirigido, a través del exsubprefecto provincial de Cajamarca Gilmer Flores Fernández, la captación de personas de confianza para la designación de subprefectos en Cajamarca. También habría recaudado el dinero ilícito para financiar a la organización.

Las reuniones se realizaban en los inmuebles de la familia de Noriel Chingay Salazar, quien, además de presidir los encuentros, obligaba a los subprefectos captados a recibir 100 planillas del partido Ciudadanos para el Perú.

Verónica Solórzano, entonces secretaria de Noriel Chingay, era quien tramitaba vía correo institucional a la Dirección General de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior los nombres de las diferentes personas que habían pagado para que sean propuestos y designados irregularmente como subprefectos provinciales y distritales de Cajamarca.

El alcalde del distrito de Nanchoc de Cajamarca, Nixon Hoyos Gallardo, también habría participado en la designación de algunos subprefectos, quienes serían personas de su confianza y de su entorno, a cambio de montos de dinero, como el caso del exsubprefecto Hilmer Hernández Torres. Pero en este caso, la autoridad distrital devolvió la plata porque Hernández Torres fue cesado del cargo.

Gilmer Flores Fernández habría utilizado su cargo como subprefecto de Cajamarca y sus cercanías con el entonces prefecto regional, Noriel Chingay, para captar más personas para los mencionados puestos a cambio de dinero.

En Cajamarca, Fidel Becerra Villalobos habría utilizado el vínculo con su primo Gilmer Flores para supuestamente cobrar S/ 3 500 a Marbin Natan Gómez Julca para ser propuesto como subprefecto del distrito de El Prado; y a Gabi Flores, Lelis Sánchez y Arnulfo Torres la suma de S/ 5 000 para ser sugeridos como subprefectos de Sauce Pampa, Catache y Andabamba, respectivamente.

Asimismo, César Paico Sánchez, Ilver Mostacero León, Jhon Zambrano Quispe habrían utilizado el vínculo con su amigo Gilmer Flores para cobrarles S/ 4 000 a los ciudadanos Keduin Rafael Azañero y Nilton Díaz; a fin de ser propuestos como subprefectos del distrito cajamarquino de Magdalena (Cajamarca) y Pallan (Celendín).

Mientras que Franshesco Chingay Parodi, en su condición de “operador” de la supuesta red liderada por Nicanor Boluarte, habría facilitado su cuenta bancaria a su padre, Noriel Chingay, para que deposite S/ 1 000, un dinero obtenido de los pagos por las designaciones de subprefectos en Cajamarca.

Así habría operado la presunta organización criminal en San Martín

La coordinadora regional de Ciudadanos por el Perú, Zenovia Herrera Vásquez, ejercería como coordinadora y operadora política de Nicanor Boluarte. Según el Ministerio Público, la mujer se encargó de la captación de personas para los cargos de subprefectos y prefectos en esta región, a fin de utilizarlos para la recolección de firmas a través de fichas de afiliación para la inscripción del partido Ciudadanos para el Perú, y pedirles dinero para los fines de la red relacionados a la Prefectura.

A pesar de no ocupar ningún cargo público, Fernando Navarro Luna – esposo de Zenovia Herrera – habría tenido la función de hacer que se cumpla la recolección y emisión de las fichas de afiliación para la mencionada agrupación política y, también, gestionaba ilícitamente las actividades gubernamentales relaciones a la Prefectura y Subprefecturas, según señala la Fiscalía.

Luis Alberto Guevara Bello, en su calidad de subprefecto provincial de la provincia de San Martín, cumplió el rol de operador político y, además, se encargaba de conminar a los subprefectos distritales para que apoyen a llenar las fichas de afiliación a pedido de Zenovia Herrera Vásquez.

El exsubprefecto de Picota y actual prefecto regional de San Martín, José Lozano Torres, también habría estado bajo las órdenes de Zenovia Herrera para cumplir los objetivos del partido políticos, además de acompañarla a las diversidades actividades partidarias y gubernamentales.

Mientras que Lubi Navarro Bartra, nombrada secretaria del subprefecto provincial de San Martín, se habría encargado de recabar y administrar el dinero entregado por los subprefectos a nivel regional, como condicionamiento para mantenerse en el cargo y no ser cesados.

En el marco de las investigaciones, se han expuesto las fotografías de los pagos mensuales de subprefectos para el sustento del partido, las presuntas amenazas para cumplir las metas de fichas de afiliación

Más personajes dentro de la red

La Fiscalía acusa a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, de ser parte del “grupo de confianza” de la jefa de Estado y de participar en la construcción y ejecución del “proyecto criminal” de inscribir al partido político Ciudadanos por el Perú a través de los subprefectos y prefectos de las regiones del país.

También cumplía las indicaciones del hermano presidencial al buscar personas de confianza para que ocupen cargos públicos de instituciones que manejen un significativo presupuesto, como es el caso de Provías Descentralizado.

El nombre de Torres Merino apareció en medios de comunicación al conocerse que desde noviembre del 2021 hasta marzo del 2023 sumaba cuatro contratos que suman S/ 47 000 con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los contratos se firmaron cuando Dina Boluarte era titular de la mencionada cartera.

Edwin Ugarte Nina, uno de los personajes que apoyó desde la segunda vuelta a Dina Boluarte, formó también parte del “grupo de confianza de Dina” y habría coordinado con los prefectos y subprefectos para su designación. Asimismo, habría sido el que adquirió el kit electoral para gestar y organizar la creación del referido partido.

Mientras que Jorge Chingay Salazar, quien la semana pasada denunció que era víctima de reglaje, habría tenido el rol de operador y enlace de la presunta red criminal que lideraría su amigo, Nicanor Boluarte. Se le acusa de haber participado en las coordinaciones ilícitas para designar a su hermano Jorge Chingay como prefecto de Cajamarca.

También habría propiciado el vínculo entre el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, y Nicanor Boluarte en el día del cumpleaños del hermano de la presidenta en octubre del 2023. En el encuentro, se habrían tratado asuntos lucrativos, “en beneficio de la organización delictiva”.

Como se recuerda, Nanchoc recibió cerca de 20 millones de soles de las arcas del Estado para cinco proyectos de inversión poco después del encuentro.

La supuesta implicancia de Mateo Castañeda

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre febrero y marzo de este año, Castañeda Segovia habría realizado presuntos ofrecimientos ilegales a dos miembros del desactivado equipo de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esto para archivar la investigación seguida contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Castañeda, quien permanecerá detenido preliminarmente por diez días por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, sería el “protector legal”, “operador” y “brazo legal” de la red criminal, según las investigaciones del Eficcop.

En la resolución judicial que autorizó la detención preliminar se da cuenta de que entre febrero y marzo de este año, Castañeda se comunicó con el entonces coordinador del equipo especial de la Policía que colaboraba con el Eficcop, Harvey Colchado, y el miembro de este grupo, Walter Lozano, para ofrecerles la permanencia en sus cargos y protección a cambio de archivar las pesquisas contra el hermano presidencial.

A decir de los agentes encubiertos ‘Carlos’ y ‘Rene’ (Harvey Colchado), el letrado habría pedido también influir en la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, para que traslade el caso a las fiscalías anticorrupción, donde ejercería sus influencias. También habría solicitado información vinculada a la jefa de Estado y ser notificado cuando algún colaborador eficaz la mencione.

Después de saber que Colchado y Lozano rechazaron los ofrecimientos, la investigación fiscal señala que Castañeda y otros personajes de las altas esferas por encima de la Policía habrían buscado desactivar al equipo especial de la Policía que colaboraba con la Fiscalía.