Al congresista José Luna Gálvez se le atribuye el presunto delito de organización criminal a raíz de una supuesta inscripción irregular del partido político Podemos Perú ante la ONPE.
Judiciales
La defensa legal del Estado también pidió que José Luna Gálvez pague la suma de 100 mil soles por daño extra patrimonial
La Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción solicito al Poder Judicial que el congresista José Luna Gálvez; su hijo, el regidor municipal José Luna Morales; y otras 12 personas paguen en "forma solidaria" la suma de 10 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano por el presunto delito de organización criminal que les atribuye la Fiscalía a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.
La defensa legal del Estado también pidió que José Luna Gálvez pague la suma de 100 mil soles por daño extra patrimonial al Estado peruano por el presunto delito de cohecho activo específico que también le atribuye la Fiscalía en este caso.
Dicha institución también demandó que los exfuncionarios de la ONPE Ricardo Enrique Pajuelo Bustamante y Adolfo Carlo Magno Castillo Meza paguen, además, las sumas de 100 mil soles y 10 mil soles, respectivamente, por daño extra patrimonial por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y uso de documento falso que se le atribuye a cada uno de ellos.
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Procuraduría Anticorrupción presentó propuesta luego de constituirse como "actor civil"
La Procuraduría Anticorrupción presentó esta propuesta inicial de reparación civil a favor del Estado peruano dentro de la solicitud que hizo para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria aceptada el último 13 de setiembre por el juez Jorge Chávez Tamariz.
El magistrado adoptó esta medida al determinar que la solicitud de la defensa legal del Estado cumplió los presupuestos de justificación que establece el Código Procesal Penal para ser admitida, desestimando así las oposiciones formuladas por los abogados de José Luna Gálvez; su hijo, José Luna Morales; y otros tres investigados en este proceso penal.
La decisión del magistrado Chávez Tamariz habilita a la Procuraduría Anticorrupción a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les atribuyen en este caso.
La defensa legal del Estado dejo constancia ante el Poder Judicial que se reserva su derecho de poder incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial como por daño extra patrimonial en función de mayores elementos de convicción que acrediten mayores daños generados al estado peruano.
José Luna Gálvez también afronta otra investigación preparatoria junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de dinero de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S. para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
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