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El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado denunció que el Ministerio Público "negocia la función de la acción penal pública y de la carga de la prueba a cambio de favores políticos".
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado se refirió a la suspensión por ocho meses del cargo de coordinador del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato al fiscal Rafael Vela y precisó que este hecho tendría efectos "graves e irreversibles" en los casos que tenía bajo su responsabilidad.
"El efecto de las decisiones adoptadas por la fiscal de la Nación (Patricia Benavides) y el Ministerio Público a través de la Autoridad Nacional Disciplinaria respecto de la remoción del fiscal Rafael Vela puede tener un efecto muy grave e irreversible en los casos que están bajo investigación y procesamiento, específicamente a los casos Lava Jato", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Una forma de causar este daño irreversible es nombrar a fiscales que no tengan la experiencia, ni el conocimiento, ni la capacidad que los que han sido destituidos con la consecuencia de las demoras en los procesos. Es algo similar a lo que pasó en Brasil, cuando la Corte Suprema se confabuló para proteger al presidente actual Lula da Silva y librarlo de todos los procesos penales", agregó.
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Ministerio Público negocia función de la acción penal para "satisfacer pequeños apetitos de poder"
En otro momento, cuestionó el proceder del Ministerio Público, institución que, señaló, debería mantenerse imparcial. No obstante, consideró que negocia sus funciones a cambio de beneficios particulares.
"El debate político está muy polarizado, el diálogo en el país es inexistente y encima las instituciones que debían mantener serenidad, prudencia, a partir de los estándares de independencia e imparcialidad a los que están obligados tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, no debían inmiscuirse en estos asuntos", manifestó.
"Solo estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo un quid pro quo (algo a cambio de algo), un toma y daca entre una institución que negocia la función de la acción penal pública y de la carga de la prueba a cambio de favores políticos. Todo para satisfacer pequeños apetitos de poder", finalizó.
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