Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda rechazaron acusaciones que los involucran en el caso 'Los Waykis en la Sombra'

Nicanor Boularte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente, tomaron la palabra durante la audiencia donde se evalúa si se revoca la detención preliminar de diez días dictadas en su contra por presuntamente estar implicados en los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, en el caso denominado como ‘Los Waykis en la Sombra’.

Durante su intervención, el hermano de la mandataría afirmó que “nunca he recibido un sol de nadie” y que cuenta con actividad económica como profesional, pues aseguró que renunció a sus trabajos en la gestión pública durante el Gobierno de Pedro Castillo y, luego, cuando asumió Dina Boluarte.

“Siempre he vivido de mi trabajo, mi actividad económica está probado con mis recibos de honorario profesionales y con los impuestos pagados a la Sunat puntualmente”, indicó en la sede del Poder Judicial.

Asimismo, señaló que cuenta con arraigo familiar; así como domicilio y actividad laboral conocida.  

“Vivo con mi hija de 24 años, que está estudiando en la universidad y yo soy el único que sustento la economía de mi casa”, manifestó.

Mateo Castañeda pide no ser investigado por la Diviac 

Mateo Castañeda, por su parte, sostuvo que “siempre he ejercido la profesión con probidad” y aseveró que “no conozco a ninguno de los miembros de esta supuesta organización criminal”.

“No tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo nada que me vincule con los demás investigados, si lo tuviera la Fiscalía ya hubiera aportado el elemento de convicción”, sostuvo.

Durante su elocución, catalogó como “falsas” las imputaciones en su contra y sostuvo que estos hechos están en investigación preliminar y que goza de la presunción constitucional de inocencia.

“No debe considerárseme culpable por la presión mediática que hacen algunos sujetos aprovechándose que estoy encerrado”, argumento.

Consideró, además, que al estar siendo investigado por la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) es “un hecho gravísimo” que “viola flagrantemente mis derechos constitucionales”.

“Los hechos que se me imputan tiene que ver con que yo habría intentado desactivar a la Diviac y, también, dice la Fiscalía que he conseguido separar al coronel [Harvey] Colchado. A continuación, quién me investiga, la Diviac me investiga, me allana, me detiene (…) Yo pregunto, ¿pueden los propios agraviados dirigir, investigar el propio delito que se ha cometido supuestamente en contra de ellos? Esta es una violación grave a mis derechos constitucionales y al debido proceso”, argumentó.

"Todos los actos de esta investigación son absolutamente nulos. Ellos [la Fiscalía] debieron establecer que quién se haga cargo de esta investigación no sea la Diviac, sino cualquier otra unidad ”, concluyó.

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