El exalcalde del Callao Juan Sotomayor, el excongresista de Fuerza Popular Victor Albrecht y otros 21 presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Rich Port 2" son acusados por los delitos de organización criminal y extorsión.
El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el exalcalde del Callao Juan Sotomayor, el excongresista de Fuerza Popular Victor Albrecht y otros 21 presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Rich Port 2".
La jueza Margarita Salcedo emitió el último 26 de abril una resolución en la que dispone su enjuiciamiento tras culminar la etapa de control de la acusación que presentó el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión.
La magistrada remitió el expediente del caso a un Juzgado Penal Colegiado Nacional para que fije la fecha y hora de inicio del correspondiente juicio oral.
Posibles sanciones
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao pidió 29 años de prisión contra Juan Sotomayor, actualmente recluido en el Penal Ancon Uno, así como 10 años y cuatro meses de cárcel contra Víctor Albrecht y penas de entre ocho y 23 años de prisión para los restantes 21 acusados en este caso.
En tanto, la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior pidió que los acusados por delito de organización criminal paguen, en forma solidaria, la suma de cuatro millones 995 mil 778 soles por daño patrimonial al Estado y la suma de 5 millones de soles por daño extrapatrimonial al Estado.
La defensa legal de nuestro país también demandó que los acusados por el delito de extorsión paguen en forma solidaria la suma de 50 mil soles como reparación civil a favor del Estado.
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¿Cuál es el funcionamiento de la presunta organización criminal "Rich Port 2"?
Según la Fiscalía, la organización criminal "Rich Port 2" intervino en la contratación de trabajadores fantasmas para diversas gerencias de la Municipalidad del Callao entre los años 2011 a enero del 2020.
Para ello, sujetos de distintas zonas del primer puerto habrían conseguido a los supuestos trabajadores para cobrar las remuneraciones por ellos y habrían amenazado a los funcionarios que se oponían a este tipo de contrato o despedían a los locadores de servicios.
Además, a través de los regidores, la organización criminal habría ejercido un control político para proteger su modo de operar.
La Fiscalía también atribuye a dicha organización criminal la presunta extorsión a directivos de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (ESLIMP Callao).
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