Daniel Maurate, titular de la cartera de Trabajo, se refirió sobre las polémicas declaraciones de los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández, quienes señalaron que los abusos sexuales a menores de la comunidad Awajún podrían tratarse de una "práctica cultural" que ocurre en los pueblos amazónicos.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, señaló que será la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Gabinete ministerial, Gustavo Adriazén, quienes decidan sobre la permanencia en el Gobierno de los responsables de la cartera de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández, respectivamente.
Esto como consecuencia de sus polémicas declaraciones sobre los casos de abuso sexual contra menores de la etnia nativa Awajún por parte de profesores de colegios públicos en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
“Eso lo va a tener que ver el premier y la presidenta, ellos son los que toman estas decisiones. Los ministros estamos bajo la confianza de ellos, de manera que seguramente ellos conversarán y tomarán las decisiones que correspondan”, sostuvo Maurate en el programa Las cosas como son de RPP.
Asimismo, enfatizó que los abusos y violaciones sexuales “deben ser sancionados severamente en cualquier punto del país” y en estos casos “con el agravante de tener la condición de maestros y tener una posición de dominio” sobre estas menores de edad.
“No hay desde el Gobierno ninguna posibilidad de plantear impunidad contra estos señores que han cometido estos delitos graves”, afirmó.
Dificultades a la hora de reportar casos de abuso sexual
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, reiteró en Ampliación de Noticias que desde el 2010, de los 524 casos reportados de abuso sexual contra estudiantes, solo se ha separado a 111 docentes; por lo que el resto de los profesores denunciados por presuntos abusos sexuales continúan impartiendo clases. Dijo que estos casos no solo se registran en Condorcanqui, sino también en Bagua.
A ello, agregó, que existen dificultades a la hora de reportar los casos a la Policía y los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
Al respecto, Daniel Maurate sostuvo que este tipo de denuncias obliga a los que tienen funciones estatales a “revisar severamente su actuación”, pues aseguró que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden desatenderse de un problema tan grave como este.
“Tarea de nosotros, de los que somos autoridad, para que desde el Ministerio del Interior se instruya a la Policía a ser más pertinente y a actuar más rápido. Llamado de atención a los fiscales y al Poder Judicial para que, en estos casos, no haya impunidad”, expresó.
“Que la comunidad sepa que si hay una persona que se atreve a violar sexualmente a una menor será sancionado severamente”, finalizó.
Te recomendamos
Nuestros podcasts
Ver másComparte esta noticia