Alan García: El expresidente que vivió en medio de la polémica

El expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez (1949-2019) murió el miércoles 17 de abril a los 69 años. Luego de atravesar un difícil trance durante meses tras ser incluido en el caso Odebrecht como investigado, el dos veces presidente del Perú decidió acabar con su vida en su casa del distrito de Miraflores.

El exmandatario se disparó a la cabeza cuando personal de la Fiscalía y de la Policía llegaron a su vivienda para ejecutar la detención preliminar por diez días en su contra dictada horas antes por el Poder Judicial. Una medida que alcanzó también a otros ocho investigados del entorno del ex jefe de Estado, siete de los cuales fueron detenidos ese mismo día.

La vida de García Pérez estuvo marcada por investigaciones, huidas, asilos políticos, juicios y escándalos desde que asumió el poder por primera vez en 1985, en medio de una serie de acciones y sucesos que decantaron en un trágico desenlace.

Dos mandatos opuestos

Joven y audaz, Alan García se encumbró a la Presidencia de la República en 1985 y apostó por un programa económico que fracasaría estrepitosamente. Entre sus principales y más polémicas acciones políticas estuvieron la negativa a pagar la deuda externa y el intento de nacionalizar la banca. Su primer gobierno será recordado por una profunda crisis económica que llegó hasta el 7,000% de inflación mientras grupos terroristas como Sendero Luminoso avanzaban por el territorio nacional con la violencia de sus ataques.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se abrieron procesos en su contra por enriquecimiento ilícito y otras acusaciones de corrupción que nunca afrontó. Tras vivir en Colombia y Francia, García Pérez no regresó al Perú hasta el 2001, cuando la Corte Suprema declaró prescritos los delitos relacionados a docenas de denuncias de corrupción que se le imputaron al finalizar su primer mandato.

Ese año se postuló nuevamente a la jefatura del Estado, pero fue vencido por Alejandro Toledo, y tras un cambio de línea hacia la derecha de la que antes había renegado, volvió a sentarse en el sillón presidencial en el 2006. Si bien logró un gobierno con muy buenos indicadores económicos, este no estuvo exento de polémica, entre ellas la muerte de una decena de indígenas y una veintena de policías en un violento enfrentamiento conocido como 'El Baguazo', en la región Amazonas. 

También estallaron escándalos de corrupción como las irregularidades en la concesión de conmutaciones de penas e indultos a personajes ligados al narcotráfico, conocido como el caso ‘Narcoindultos’. Otro caso fue el denominado ‘Petroaudios’, en el que una serie de conversaciones difundidas en medios de comunicación demostraban irregularidades en la selección para la concesión de lotes para explotación de hidrocarburos. La denuncia involucraba a la empresa estatal Petroperu y altos funcionarios.

Pero, ¿cuáles fueron los últimos sucesos que desencadenaron en tragedia? Luego de su derrota en las elecciones generales del 2016, García Pérez se mantuvo alejado de la política por un tiempo. Sin embargo, volvió a la palestra cuando exfuncionarios de su segundo gobierno empezaron a ser detenidos tras el escándalo de corrupción desatado a nivel contintenal por el caso Odebrecht. 

Caen figuras vinculadas a García

En enero 2017, Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de García, fue detenido por el presunto cobro de coimas de Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. El Poder Judicial dictó prisión preventiva para Cuba, y para el expresidente del Comité de Licitación de la obras, Edwin Luyo; y el exfuncionario del Ministerio de Transportes, Miguel Ángel Navarro.

Una y otra vez el desparecido expresidente deslindaba de sus vínculos con ellos e insistía en que no existía documentación que demostrara pagos ilegales hechos directamente a él.

Mantuvo esta posición incluso después de que en diciembre de 2017, IDL Reporteros difundiera el testimonio de Marcelo Odebrecht aceptando que su empresa apoyó a Alan García en su campaña electoral.

Investigaciones fiscales

En marzo de 2017, la entonces procuradora anticorrupción Katherine Ampuero denunció al líder aprista ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública por la Línea 1 del caso del Metro de Lima.

Cuatro meses después, el fiscal Sergio Jiménez confirmó que seguía una investigación “indagatoria” contra García Pérez por la licitación de la mencionada obra.

En este punto, la situación del exmandatario comenzó a complicarse. Aún más cuando el 28 de febrero del 2018, Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en nuestro país, confesó ante fiscales peruanos en Brasil que en 2006 -año en que García Pérez ganó las elecciones para su segundo mandato- la constructora entregó US$ 200,000 al partido aprista. Pese a ello, el exmandatario defendía su inocencia.

El 10 de junio de 2018, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato, abrió una investigación preliminar por lavado de activos a García por el caso Odebrecht. Posteriormente amplió esta indagación e incluyó el presunto delito de colusión agravada.

La investigación que se le seguía era específicamente por los presuntos aportes a su campaña presidencial del 2006 y por supuestamente propiciar el marco normativo que favoreció la adjudicación de Odebrecht en la obra del tren eléctrico.

Impedimento de salida y asilo

Un punto de inflexión en la vida del líder aprista fue la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que dictó en su contra el Poder Judicial el pasado 17 de noviembre tras la solicitud hecha por el fiscal Pérez Gómez.

Ese mismo día por la noche, el exmandatario ingresó a la residencia del embajador de Uruguay en Lima y solicitó un asilo al país sudamericano. Ese pedido fue finalmente negado por el gobierno de Tabaré Vázquez el 3 de diciembre.

Si bien García Pérez dijo luego que solicitó la protección diplomática "ante la inminencia de una orden de detención" y que este no tuvo éxito debido a “presiones políticas”, aseguró que a partir de ese momento estaría “a disposición de todas las investigaciones y convocatorias” de la justicia peruana.

Detención preliminar y muerte

El último de los hombres fuertes de García en enfrentar la justicia es Luis Alva Castro, exministro del Interior durante su gobierno. El jueves 11 de abril el juez Richard Concepción Carhuancho dictó contra él una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Cinco días después, durante su última entrevista en vida con RPP Noticias, el exmandatario dijo que sería una "injusticia" una eventual detención en su contra. Además, descartó que tenga intenciones de asilarse nuevamente o huir de la justicia.

El 17 de abril, el Poder Judicial dictó órdenes de detención preliminar por diez días contra Alan García y otras ocho personas involucradas en la investigación: Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones; Luis Nava Guibert, exsecretario presidencial de García, y su hijo, José Nava Mendiola; Jorge Menacho Pérez, exsecretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, y su hijo, Samir Atala Nemi; Oswaldo Plascencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); y Raúl Torres Trujillo, ex jefe de Provías Nacional. Siete de ellos fueron detenidos y uno permanece como no habido.

A las 6 a.m. del día siguiente, cuando se vio cercado por agentes policiales que llegaron a su casa en Miraflores para proceder con su detención, el expresidente fue a su habitación y se disparó a la cabeza. A través de un comunicado, el Hospital Casimiro Ulloa confirmó que la muerte de Alan García se produjo a las 10:05 de la mañana "producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio".

Perú da el último adiós

El suicidio del líder aprista conmocionó al país y fue noticia de primera plana de los principales diarios del mundo. En la escena local, los mensajes de condoloncias para la familia del exmandatario llegaron desde todas las tiendas políticas. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Martín Vizcarra, quien dijo estar "consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García". Hicieron lo mismo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventva en el Anexo 1 del Penal de Chorrillos; y el expresidente Ollanta Humala.

A través de un decreto supremo, el Ejecutivo declaró duelo nacional los días 17, 18 y 19 de abril por el fallecimiento del expresidente de la República. Contrario al protocolo establecido en estos casos, la familia y la militancia aprista rechazaron la asistencia del Estado y el ingreso de arreglos florales de instituciones del Estado al velatorio. Desde el partido, el abogado del expresidente, Erasmo Reyna, legisladores como Mauricio Mulder y Jorge del Castillo calificaron la fatal decisión como un acto de dignidad y responsabilizaron a la Fiscalía de una supuesta "persecución judicial".

Contrario al protocolo establecido en estos casos, la familia y la militancia aprista rechazaron la asistencia del Estado y el ingreso de arreglos florales de instituciones del Estado al velatorio. Desde el partido, el legislador Mauricio Mulder y el excanciller Luis Gonzales Posada calificaron la fatal decisión como un acto de digniddad y responsabilizaron a la Fiscalía de una supuesta "persecución judicial".

Durante tres días, al velorio del líder aprista en la 'Casa del Pueblo' asistieron cientos de personas entre amigos, familiares y simpatizantes. Uno de los momentos más tensos de la jornada lo protagonizó el exmandatario Ollanta Humala, quien llegó hasta el local aprista a fin de despedirse de su antecesor, pero seguidores apristas y parte de la familia de García le impidieron el ingreso. Asimismo estuvieron presentes el exalcalde Luis Castañeda Lossio, el cardenal Juan Luis Cipriani, el líder del PPC Luis Bedoya Reyes, la última pareja de Alan García, Roxana Chessman, y su hijo Federico Danton García, su exesposa Pilar Nores, entre otros.

"Una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”

Este viernes, al término de las honras fúnebres en la Casa del Pueblo tras tres días de velorio, Luciana García Nores, una de las hijas del expresidente, leyó la carta escrita por su padre antes de suicidarse. En ella, el político reitera su inocencia respecto a las imputaciones que se le hicieron por supuestos actos de corrupción.

“Cumplí la misión de conducir al aprismo al poder en dos ocasiones. Impulsamos otra vez su fuerza social. Esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años”, escribió el exmandatario.

Luego se refiere a los "rumores y odios repetidos" en su contra y habla de "procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades". "Por muchos años me situé por sobre los insultos. Me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan Garcia era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias”, afirmó.

En un pasaje de la carta García Pérez explica las razones de su suicidio: “No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir estas injusticias y circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo; y mi cadáver, como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”.