Perú: Conflictos sociales no bajan de 200 en el año, según reporte de la Defensoría del Pueblo

El número de conflictos sociales en el Perú se mantiene por encima de los 200, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, que reúne información del mes de mayo. En concreto, la entidad registra 205 casos de conflictividad, cuatro menos que los reportados en el mes de abril, aunque por encima de los 200, esta última una cifra que no se reportaba desde setiembre del 2018.

De estos conflictos, 151 se encuentran activos y 54, latentes. Las regiones de Loreto (28), Cusco (19) y Áncash (15) figuran como las tres zonas con mayor conflictividad en todo el país. Además, 

El reporte de conflictos sociales también precisa que pese al proceso de diálogo que se instaló en 92 de estos conflictos, se reportó la muerte de 7 personas y otras 25 resultaron heridas producto de los enfrentamientos.

Conflictos sociales: ¿A qué sector reclaman?

El informe defensorial remarca que, durante el mes de mayo, la principal competencia recae en el Gobierno Nacional que tiene responsabilidad directa en 129 de ellos, lo que representa un 62.9%. En este caso, las poblaciones reclaman más presencia el Estado para atender demandas sociales y necesidades básicas que no han sido atendidas en el Perú.

En segundo lugar, según los demandantes, existe una responsabilidad de los gobiernos regionales con 55 casos (26.8%) y, en tercer lugar, se achaca los problemas a los gobiernos locales, con 16 casos (7.8%). Otra institución responsable de conflictos  sociales es el Poder Judicial, con tres casos.

El tipo de conflicto que más prevalece, según este informe, es el de tipo socioambiental, con 130 casos, Mientras que el comunal figura con 21 casos. También se destacan 160 acciones colectivas de protestas (plantón, movilización, toma de entidad, bloqueo de vía, etc.) que se reportaron a lo largo de todo el país, solo en el último mes de mayo.

Conflictos sociales: Las Bambas, tregua por ahora

Uno de los conflictos sociales más destacados en el informe defensorial es el que tiene la minera MMG Las Bambas con seis comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Y aunque el jueves 9 de junio los comuneros acordaron dar una tregua después de casi sesenta días de ocupación, por parte de los pobladores de Huancuire, de parte de los terrenos de la compañía, la protesta aún no está cerrada en tanto no se lleguen a acuerdos defintivos en treinta días.

Conflictos sociales: Los 14 muertos en Caravelí

La Defensoría del Pueblo también consideró en su reporte de mayo un conflicto que explosionó en junio: el de enfrentamientos entre mineros en Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa. Estos enfrentamientos han dejado como saldo 14 personas fallecidas y otros tres desaparecidos.

“Esta problemática no es reciente. Existe una situación de inseguridad permanente y afectaciones a derechos humanos por los constantes enfrentamientos de diferentes asociaciones de mineros que pugnan por la posesión de territorios en la zona para la extracción de recursos mineros, en áreas de  concesión minera de la empresa Intigold”, precisa el informe defensorial.

Conflictos sociales: El caso Palpa 

Hay que precisar que el informe de la Defensoría no considera lo ocurrido el 7 de junio en Palpa, Ica, donde se registró un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa que viene operando en la mina Saramarca, y personas no identificadas que dejó como saldo tres heridos, entre ellos, un efectivo policial.

Conflictos sociales: Regiones con más conflictos

Uno de los indicadores clave que tiene en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo es la ubicación geográfica, es decir, dónde se desarrollan los conflictos sociales.

Loreto es la región que encabeza esta lista con 28 conflictos, de los cuales, 27 están activos y 1 tiene la condición de latente. En esta región, los nativos tomaron instalaciones petroleras por casi 80 días y demandaban remediación ambiental, dotación de infraestructura básica, entre otros pedidos.

El pasado 27 de mayo, el apu de la comunidad nativa de Saramurillo expresó que el Estado vendría incumpliendo los compromisos asumidos por la empresa Petroperú, la Municipalidad Distrital de Urarinas y el Gobierno Regional.

Por eso, la comunidad nativa acató medidas de fuerza, entre ellas: paralizar la descarga y embarque de hidrocarburos en pontones, así como la paralización de los trabajos de las empresas contratistas de la Estación 1 que opera Petroperú.

Otra de las regiones con un número elevado de conflictos sociales es Cusco. Aquí hay 19 casos y de estos, 14 están activos y 5 latentes. Entre ellos, se incluye uno en Chumbivilcas, donde el alcalde provincial, los distritales y las organizaciones sociales exigían a la empresa Las Bambas la modificatoria del estudio del impacto ambiental del proyecto minero.

Los dirigentes y autoridades hicieron conocer sus demandas: la constitución de un fondo social financiado por el Estado y la empresa para atender las necesidades básicas de la provincia, un shock de inversiones por tres años para los proyectos de la Mesa Técnica para el Desarrollo de Chumbivilcas, que tiene un seguimiento desde el 2017 con proyectos que no se ejecutan o expedientes técnicos sin financiamiento; además del pago a las comunidades campesinas por el uso de Corredor Vial Sur que cruza su propiedad.

En la actualidad, se ha reprogramado la reunión del grupo de trabajo multisectorial encargado de la propuesta del Plan de Intervención para Chumbivilcas que se iba a realizar el pasado 24 de mayo, pero debido a los cambios en las carteras ministeriales, no se pudo concretar.

En tanto, en la región Áncash hay 10 conflictos activos y 5 latentes, con lo cual hacen un total de 15.

En el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi de esta región, la compañía minera Antamina busca instalar un mineroducto y otras instalaciones para lo cual requiere el permiso de la comunidad campesina, quienes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con la participación del Estado.

El pasado 24 de mayo se realizó la segunda Mesa Técnica de Diálogo entre la comunidad campesina de Aquia y la compañía minera Antamina, reunión en la cual se presentaron los informes sobre la elaboración de un expediente técnico y la construcción de un local con una sala de usos múltiples, sobre el proyecto implementación de cobertura móvil para los centros poblados de la comunidad campesina. Además, se abordó la donación de un camión recolector de residuos sólidos, la construcción del puente Calicanto por parte del ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ejecución de un comedor para el colegio San Miguel en un terreno entregado por la empresa, entre otros puntos.

De esta forma, la empresa Antamina reconoció la disposición de la comunidad campesina de Aquia para avanzar con el proceso de diálogo. La próxima reunión se programó para el 28 de junio.

Finalmente, el reporte de conflictos sociales n°219 de la Defensoría del Pueblo coloca a Madre de Dios y Tumbes con solo 1 conflicto latente; mientras que el Callao, no registra ninguno. Esa es la otra cara de la moneda.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP

En el Perú se registran cerca de 200 conflictos sociales y la mayoría tiene que ver con demandas ambientales. Loreto, Cusco y La Libertad son, hoy, las regiones a las que el gobierno debe prestar atención para evitar descontrol en las protestas. Este informe de Edgardo Reto lo explica.