Lambayeque: ¿por qué la empresa Tumán genera tantos conflictos?

La empresa agroindustrial Tumán, ubicada en el distrito del mismo nombre de la provincia de Chiclayo, se convirtió en sociedad anónima a finales de la década del 90 por un Decreto Supremo emitido por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, quien convirtió las deudas sociales de las cooperativas en acciones. Desde entonces, los trabajadores pasaron a ser accionistas directos de la empresa. La misma figura se aplicó para todas las azucareras que eran cooperativas.

Con los trabajadores al frente de la flamante Sociedad Anónima Abierta, Tumán fue ganando más deudas con sus proveedores. Entre ellas, la empresa de transportes Carranza que en 1993 inició proceso judicial contra la empresa exigiendo el pago de 15 millones de dólares por daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato. El Poder Judicial le dio la razón. 

La trascendencia del conflicto en la empresa agroindustrial Tumán no sólo radica en que esta debería producir 6 mil bolsas de azúcar al día, sino que al menos el 80 % de la población del distrito dependía económicamente de esta fábrica con más de 120 años de historia. Actualmente, debido a las huelgas y cambios constantes de administración la estabilidad es un sueño difícil de alcanzar.

La era Oviedo

Tras el proceso judicial y deudas acumuladas por pago al servicio social de salud, impuestos y otros, en 1994 el Poder Judicial nombró de manera temporal a un colegiado que inició el ciclo de las administraciones judiciales.

En el 2006, la empresa Carranza, el mayor acreedor, vendió la deuda al grupo Oviedo, que, bajo el argumento que necesitaba salvaguardar su interés, solicitó ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo la asignación de una administración judicial que le permita cobrarse la deuda.

Entonces se inició la primera administración judicial de los acreedores encabezada por Segundo Ordinola Zapata e integrada por Eduardo Vásquez García y Carlos Luna Conroy. De manera paralela se nombró a un aparato directivo denominado el IV Directorio de Tumán, presidido por Wilberto Cabrejos. Ambos sindicados de ser direccionados por el empresario Edwin Oviedo.

A fines del 2014, los trabajadores, inconformes con la administración judicial, solicitaron al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo que revise la situación del pago de la deuda. Tras un peritaje se concluyó que pese a que pasaron nueve años de la administración judicial, la deuda no se había terminado de pagar. Y por el contrario, para entonces, había más deudas con otros proveedores y el Estado.

Desobediencia civil

“El 6 de abril del 2015, tras una huelga de cinco meses, logramos sacar a la administración de Edwin Oviedo, encabezada por Segundo Ordinola, que en los nueve años causó un perjuicio económico superior a los mil 300 millones de soles”, contó Alfredo Benavides, trabajador de Tumán desde 1972.

Pero los desacuerdos no eran solo con el grupo Oviedo. Entre los trabadores también existían al menos dos grupos que se enfrentaban. Así, en septiembre del 2015, el trabajador Marcelino Llontop logró la administración judicial hasta agosto del 2016, cuando una nueva resolución lo sacó del cargo.

La administración más corta fue la de Leoncio Egúsquiza Sánchez, César Sandoval y Alejandro Zevallos, quienes estuvieron solo en septiembre y octubre del 2016 tras una resolución de la jueza Liz Karina Fabián Palomino, del séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.

A fines de octubre, la administración recayó solo en César Sandoval, gracias a una resolución judicial emitida por el juzgado de la provincia de Ferreñafe. Tras invalidar la anterior, en febrero del 2017 la administración recae en el ingeniero Daniel Riojas Sánchez.

“En estas administraciones también se registraron saqueos de las arcas de la empresa, tal como ocurrió con las anteriores. Es más, Sandoval y Riojas estuvieron al servicio de Ernesto Flores, empresario azucarero que por aquel entonces también controlaba la empresa Agropucalá”, detalló Benavides.

Fue en este año que la Defensoría del Pueblo puso a Tumán en la lista de los conflictos sociales de la región Lambayeque. Actualmente, esta dependencia tiene un expediente de cinco tomos que dan cuenta de la crisis vivida “que se da casi en todos los cambios de las administraciones”, explica la comisionada Evonny Gómez. 

Coali S.A.C. y las huelgas

El 25 de abril del 2018, el juez Ari Terrones del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, designa como administradores a los representantes de la empresa Coali S.A.C., empresa ligada al grupo Oviedo. Entonces empezó la segunda desobediencia civil de los trabajadores, quienes por cinco meses protestaron en contra de Coali y en favor de Riojas.

El 3 de agosto el Primer Juzgado Civil hace cumplir su resolución y entonces los administradores judiciales de Coali S.A.C.: Arnaldo Fernández Ayasta y Luis Mendizábal Mendoza.

Sin embargo, el 4 octubre del 2018 un grupo de trabajadores encabezado por Leoncio Egúsquiza y Marcelino Llontop, que lideran el Comité Unitario de Defensa (Cudesa), logró ingresar a las instalaciones de la fábrica y tomaron el control argumentando que era la única forma de lograr abonar los sueldos a los trabajadores.

“Lo cierto es que no importa quién ingrese (a la administración). Todos sólo se preocupan por ellos mismos. A los trabajadores no nos pagan nuestros sueldos desde hace dos años”, asevera Alfredo Benavides.

Y detalla que en noviembre del 2018 les pagaron mil soles luego de cinco meses; mientras que el 31 de diciembre les abonaron 1300 soles. Es decir, entre noviembre y diciembre del 2018 a los trabajadores solo se les pagó 385 soles por mes, cuando su sueldo real es de 1300.

En noviembre del 2018 también hubo un momento clave. Descubrieron que durante los dos meses, en los que Coali estuvo al frente, no se alimentó a los caballos de paso de la empresa. Ejemplares de todos los tamaños lucían desnutridos y abandonados, pues los animales comieron incluso los palos secos del cerco. Los representantes de la empresa argumentaron que los huelguistas no les permitían el pase hacia los establos.

El gerente general

El 7 de septiembre, el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, repuso a Jorge Rodríguez Gálvez, como gerente general en la empresa agroindustrial Tumán, tras un proceso que llegó hasta la Corte Suprema. Rodríguez fue gerente entre el 2000 y el 2002 y tras su intempestiva salida, inició proceso judicial.

“Actualmente la administración de Coali quedó sin efecto por el Primer Juzgado, porque no cumplieron con alcanzar una taza judicial. Mientras que la administración de hecho la tiene Cudeta, quienes ingresaron por la fuerza el año pasado. Mientras que el gerente Rodríguez no ha podido asumir funciones a la fecha”, explicó el trabajador.

Ahora el enfrentamiento se da entre Cudeta y quienes defienden al gerente repuesto, por lo que la Defensoría reiteró su pedido de crear un Juzgado ad hoc como una forma de lograr una solución real al conflicto.

“En nuestras intervenciones, que desde el 2015 son constantes, verificamos que el conflicto se agudiza en cada cambio de administración. Nuestra recomendación es que se cree un juzgado exclusivo para resolver la problemática de las empresas azucareras”, explicó Evonny Gómez.  

Con un juzgado ad hoc se evitarían intromisiones de otros juzgados como de Amazonas, Ferreñafe u otros que en su momento intervinieron en favor de uno u otro grupo empresarial, poniendo en duda – incluso – la imparcialidad del Poder Judicial. Tumán seguirá siendo un conflicto social latente si el Estado no le da una solución definitiva para esclarecer cantidad de acciones y montos de deudas de cada grupo. Actualmente, más que azúcar, Tumán fabrica deudas por doquier.