Juez dicta 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

Keiko Fujimori pasará la noche en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario y el miércoles la Junta de Clasificación del INPE determinará el centro de reclusión donde la lideresa de Fuerza Popular será internada para cumplir los 15 meses de prisión preventiva.

El excongresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, expresó a RPP Noticias estar afectado por la decisión de 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. "Keiko, como madre de familia, que vuelva a la cárcel en las condiciones que se vienen dando, basados en una serie de sospechas, es lo que nos tiene muy preocupados como peruanos y ciudadanos", dijo.

Keiko Fujimori retornó hace una hora a la carceleta del INPE luego de pasar por medicina legal, una diligencia obligatoria para hacer efectiva la medida de 15 meses de prisión preventiva en su contra.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, saludó la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday de dictar 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. "Para el juez, todos esos elementos de convicción comprueban que estamos ante la comisión de graves delitos de lavado de activos, en regla con otros ilícitos adicionales", dijo en ¿Quién tiene la razón?.

En diálogo con RPP Noticias, la integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, calificó de crónica de una muerte anunciada la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y aseguró que el juez Víctor Zúñiga tuvo un sesgo político contra la lideresa de Fuerza Popular.

Luz Salgado: "Para mí esto ha sido prácticamente un juicio adelantado (...) lo único que queda decir es que la justicia no es igual para todos en el Perú. La justicia para los fujimoristas, y en el caso de Keiko Fujimori, excede todos los parámetros consideros en otros casos emblemáticos".

La integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Luz Salgado, acudió a la carceleta del INPE para visitar a Keiko Fujimori y se encontró en los exteriores con Karina Beteta. Sin embargo, no permitieron ingresar a ninguna de las integrantes de Fuerza Popular.

Fuentes de RPP Noticias indicaron que Keiko Fujimori dormirá esta noche en la carceleta del INPE y mañana se espera su traslado al penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Algunos simpatizantes de Fuerza Popular permanecían en los exteriores lanzando mensajes contra la Fiscalía y contra el juez Víctor Zuñiga.

La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta, aseguró que la justicia está "matando en vida" a Keiko Fujimori y responsabilizó de esta acción al Gobierno de Martín Vizcarra. 

El excongresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que la decisión del Poder Judicial de dictar 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori le hace mucho daño a la justicia peruana. 

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a bordo de una camioneta con lunas polarizadas a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el Cercado de Lima. RPP Noticias comprobó que los simpatizantes del fujimorismo trataron de impedir el ingreso del vehículo, pero fueron rechazados por agentes de la Policía Nacional.

Previo a su traslado a la carceleta, Keiko Fujimori difundió un video en sus redes sociales donde aseguró que la orden de 15 meses de prisión preventiva en su contra forma parte de un "ajusticiamiento" y "venganza política" .

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es trasladada por la Policía Nacional del local del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial con rumbo a la carceleta.

En los exteriores del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial se aprecia una gran presencia de la Policía Nacional del Perú. RPP Noticias comprobó que más agentes de la PNP llegaron hasta la zona previo al traslado de Keiko Fujimori.

El juez levanta la sesión. La Policía se lleva detenida a Keiko Fujimori, quien esperaba en la Sala junto con su abogada y su esposo.

El juez dictó 15 meses de prisión preventiva. La Fiscalía se muestra conforme y la abogada Giulliana Loza anuncia que apelará.

Juez Víctor Zúñiga: "Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada Keiko Fujimori".

Juez Zúñiga: "El plazo se computará desde el día de hoy. Declaro fundado el requerimiento de prisión preventiva".

Juez Zúñiga: "El juzgado considera razonable que el plazo de la prisión preventiva se fije en 15 meses adicionales a los que ya se han venido cumpliendo".

Juez Zúñiga: "Se podría prever que en ocho meses se podría terminar con el desarrollo del juicio".

El juez precisa que a los dos meses estimados por la Fiscalía para acabar la investigación se debe agregar cinco meses de etapa intermedia debido a la cantidad de investigados.

Juez: "En el presente caso es necesario que la prisión preventiva, dada la naturaleza de la investigación, se prolongue durante la etapa intermedia y el juicio oral".

Juez Zúñiga: "El Juzgado entiende que el fin de la etapa de investigación eliminaría el principio de la prisión preventiva, pero en este caso hay una necesidad imperante".

El juez recuerda que el plazo de la prisión preventiva debe respetar "más que el plazo legal, el plazo estricamente necesario".

El juez termina de explicar la idoneidad de la prisión preventiva y ahora se pronuncia sobre el plazo de esta medida.

El juez dice que el pedido de prisión preventiva "cumple con los estándares de proporcionalidad requerido y resulta idónea, acuada y proporcionalmente estricta".

El juez dice que la comparecencia restringida "no garantizaría con la misma intensidad" de la prisión preventiva que Keiko Fujimori "interrumpa el normal desarrollo de las investigaciones".

El juez Zúñiga descarta el arresto domiciliario, la comparecencia restringida, el impedimento de salida y el pago de una caución.

Keiko Fujimori entra a la Sala justo cuando el juez Zúñiga hablaba de la idoneidad de la medida de prisión preventiva.

Con ayuda de la Policía, Keiko Fujimori logra ingresar a la Sala donde el juez Víctor Zúñiga lee su resolución del caso.

Keiko Fujimori ya se encuentra en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Baja de la camioneta en compañía de su esposo, Mark Vito Villanella.

El juez Víctor Zúñiga se percata del movimiento en la Sala y se toma unos segundos antes de continuar. Keiko Fujimori haría en cualquier momento su ingreso.

El juez señala que hay sospecha grave de que el riesgo de obstaculización a la justicia "sería latente".

El juez advierte un nuevo elemento de peligro de obstaculización: el encuentro entre el abogado de Fuerza Popular Juan Carlos Alarcón con el testigo Roberto Yumi Yagui en la sede de la Fiscalía en la que incluso le pidió su teléfono.

Juez: "Es evidente que se debe reconocer que ese mismo grado de peligro de obstaculización se habría reducido. La investigada ya no tendría injerencia en las instituciones estatales más estatales, pero la reducción de un elevado grado de peligro no implica que este ha recaído por debajo del parámetro para la prisión preventiva".

Expectativa en la Sala: los repoteros esperan la llegada de Keiko Fujimori en pocos minutos mientras Giulliana Loza escucha la resolución del juez.

Keiko Fujimori se dirige a la Sala donde el juez lee su resolución, en el Centro de Lima. Debe llegar en los próximos minutos.

El juez continúa resolviendo el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

La abogada Giulliana Loza confirma que Keiko Fujimori se dirige a la Sala Penal Nacional a esperar la decisión del juez.

Keiko Fujimori abandonó la casa de su madre y se dirige con su esposo Mark Vito Villanella a la Sala Penal Nacional.

El juez dice que declaraciones como la de Daniel Salaverry evidencian "una vinculación entre Keiko Fujimori y el exjuez César Hinostroza".

El juez sostiene que la declaración de Daniel Salaverry se evidencia la intención de Keiko Fujimori para que él se contacte "con la máxima autoridad del Ministerio Público para influir en su investigación".

Juez: "El peligro de obstaculización ha recaído en los testigos y en los representantes del Ministerio Público".

El juez considera que hay sospecha suficiente de peligro de fuga.

El juez dice que Keiko Fujimori tiene una débil actitud de sumisión al proceso debido a que "habría intervenido" en el testimonio de los testigos.

El juez señala que en el caso de Keiko Fujimori "no se ha manifestado una actitud de reparar el daño".

El juez dice que Keiko Fujimori no tiene un "arraigo básico" y que el arraigo que dice tener "no es de calidad".

El juez cuestiona que en todos estos años Keiko Fujimori y su esposo solo tengan como propiedad un vehículo y paguen por alquiler de vivienda más de 5 mil soles, teniendo en cuenta que con esa suma ya podrían haber accedido a un crédito de vivienda.

El juez Víctor Zúñiga destaca la importancia de tener un empleo; sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori ocurre que a través de su trabajo -presidenta de Fuerza Popular- cometió presuntos actos ilícitos.

El juez se refiere al arraigo laboral de Keiko Fujimori: "No puede existir un arraigo laboral en este caso en la medida en que se habría determinado la existencia de graves elementos de convicción respecto a que las actividades delictivas se habrían materializado en el seno de lo que la defensa alega que sería su centro laboral como presidenta de un partido". 

Juez: "El Juzgado entiende que existe un peligro abstracto de fuga; sin embargo, este es insuficiente y se debe ponderar las circunstancias particulares para determinar que existe un peligro concreto de fuga".

Juez: "Con el paso del tiempo, desde la primera prisión preventiva hasta ahora, se habría aumentado el riesgo de fuga".

Juez: "Existen fundados y graves elementos de convicción respecto a la comisión de los delitos mencionados anteriormente".

El juez suspende la audiencia por unos minutos antes de hacer su análisis del caso.

El juez recuerda que, según el Tribunal Constitucional, hay factores como la "ocupación, bienes y vículos familiares y cualquier otro factor que permita concluir que la libertad del imputado pone en serio riesgo el correcto desempeño de la investigación".

El fiscal dice que "un indicio relevante de fuga es el hecho de no devolver el dinero del que presuntamente el imputado se habría aprovechado y que podría estar utilizando".

El juez precisa que la ley establece que solo se necesita (para la prisión preventiva) "sospecha suficiente de fuga y sospecha suficiente de obstaculización".

El juez Zúñiga estima una pena de 15 años contra Keiko Fujimori, mientras que el fiscal Pérez estimó 18 años, nueve meses y quince días. Con esto se cumple el requisito de la prognosis de la pena.

Juez: "La conducta desplegada con anterioridad por la imputada es una manifestación del peligro y es evidencia de que el peligro existiría".

El juez concluye este presupuesto y continúa con la prognosis de la pena, la cual es mayor a 18 años de cárcel, según el Ministerio Público.

"El juzgado encuentra sospecha grave respecto a que la investigada Keiko Fujimori habría ordenado, a través de Jorge Yoshiyama Sasaki, Alberto Mejía Lecca y los abogados del estudio Oré y Loza, que se impida que los falsos aportantes presten su testimonio o que lo han falsamente".

Juez: "Es completamente ilógico concluir que, habiendo conocido la falsedad de los aportes, y habiendo sido defendida por el mismo estudio de abogados que habría procurado el impedimento a los testigos con la inducción para que presten falsamente su testimonio, que ella no hubiera generado ese designio para la organización que estaría funcionando paralelamente al interior del partido".

Para el juez, esto permite concluir con un alto grado de probabilidad "que ella (Keiko Fujimori) había coordinado que se procure esa inducción a la falsa declaración".

El juez señala como un elemento de obstrucción a la justicia el hecho de que los abogados de Keiko Fujimori fueron en el pasado abogados de algunos testigos.

Juez: "Este Tribunal tampoco va a determinar que la amenaza no se presenta por el simple hecho de que los abogados del estudio Oré Guardia y Loza Ávalos habrían conversado con ellos de manera cordial".

Juez: "Este despacho no va a considerar que se habría presentado una amenaza en el presente caso por el hecho de que los testigos manifiestan haberse sentido amenazados".

El juez cita las comunicaciones entre testigos y los abogados en las que coordinaban la simulación de aportes.

El magistrado continúa leyendo las declaraciones de los testigos.

El juez Víctor Zúñiga reanuda la audiencia.

El juez Zúñiga anuncia una pausa en la audiencia. Continuará en una hora, a las 3 de la tarde.

El juez continúa sustentando si considera que existe obstrucción a la justicia. Para esto, cita a los testigos de este caso.

El juez dice que, hasta este momento, los testimonios "corroborarían parcialmente" la versión de Jorge Yoshiyama sobre la existencia de una organización criminal que actuaría paralelamente dentro de Fuerza Popular "destinada a evitar que se conozca la verdad respecto de los aportes que se habrían simulado".

El juez dice que el testimonio de Jorge Yoshiyama sobre cómo funcionaba la presunta organización criminal tiene "un alto grado de fiabilidad".

El juez se refiere ahora a la presunta obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori advertira por el fiscal Pérez. En este punto, el juez lee las declaraciones de testigos.

El juez concluye que existe un "agravante de organización criminal" en la simulación de aportes que existió dentro del partido.

"El Juzgado concluye como sospecha grave que la realización de los actos de lavado de activos se habría operado como una organización criminal, siendo la investigada Keiko Fujimori quien habría conocido y participado en la creación del designio de buscar aportantes para cumplir su promesa de reservar el conocimiento de la fuente".

El juez dice que las declaraciones de Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui sobre la simulación de aportes "han sido ampliamente respaldados"

Juez: "La manera en la que se habría actuado para materializar los actos de simulación de aportes, habría sido en ejecución de los designios de la organización paralela y eso lo evidenciaría la declaración de Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui".

El juez dice que se evidencia con sospecha grave "que el partido Fuerza Popular actuaría como una organización política, pero que, dependiendo de las personas que toman la decisión para ciertos casos, también actuaría como una organización paralela".

El juez Zúñiga sostiene que se puede deducir que Keiko Fujimori "participó en las reuniones en la que los empresarios habrían realizado estos aportes dinerarios, que habrían conversado con ella y le habrían dado a entender que la fuente se mantuviera secreta u oculta".

El juez Zúñiga señala que Keiko Fujimori "habría intervenido en actos de transferencia o conversión" del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011.

El juez dice que hay sospecha grave de que Keiko Fujimori "tenía conocimiento de las acciones realizadas para evitar que se conozca esa fuente privada de financiamiento".

El juez destaca la declaración de Mercedes Aráoz -como una persona externa al partido- sobre su intención de conseguir una reunión con Keiko Fujimori a través de Vicente Silva Checa.

Juez: "El Juzgado entiende que sería insuficiente concluir que Keiko Fujimori conoció y ordenó los actos de simulación de aportes, solamente basado en la obligación escrita de la investigada de supervisar el funcionamiento interno del partido político".

Juez: "Existe sospecha grave en cuanto a que Keiko Fujimori habría conocido de los actos de transferencia y conversión del dinero proveniente de Odebrecht".

Juez Zúñiga: "Existe sospecha grave de la existencia de actos de lavado de activos".

Juez: "El Juzgado ha determinado hasta este momento con un grado de sospecha grave que en Fuerza 2011 ha ingresado dinero que se habría convertido o transferido, proveniente de Odebrecht, cuyo origen ilícito se habría pretendido ocultar".

"Se debe concluir que este Juzgado encontraría una sospecha grave respecto a que el dinero en efectivo que habría ingresado a Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, entre 2010 y 2011, tiene su origen en la empresa Odebrecht, el que se ha acumulado a través de actividades ilícitas".

Juez: "Eso significaría que los aportes del partido Fuerza Popular reconoce son muy superiores a aquellos que han declarado a las autoridades peruanas competentes. Esto llevaría a la conclusión de que el partido no ha declarado todos los aportes que ha recibido".

El juez precisa que la conversión a soles del dinero en dólares aportado por los empresarios daría una cantidad aproximada de 20 millones 227 mil. "El partido Fuerza 2011 no habría declarado aproximadamente una suma de 3 millones 713 mil soles en aportes que la propia Keiko Fujimori reconoce", dice.

Juez: "La suma de todos los aportes declarados por Fuerza 2011 fue de 16 millones 513 mil soles, desde diciembre del 2010 a junio 2011, mientras que los aportes de empresarios reconocidos por Keiko Fujimori, en el mismo periodo, asciente a 7 millones 250 dólares".

Juez: "Este indicio es de vital importancia porque (...) De una comparación se tiene que en tres meses se habría recibido el doble de lo declarado por el propio partido. A juicio de este Juzgado, este indicio posterior es suficiente para que se pueda inferir razonablemente que la alegación de Jorge Barara y Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya ocurrió, es cierta, con un grado de sospecha grave".

Juez: "Se puede comprobar que, por el propio dicho del partido político a las autoridades peruanas entre abril y junio del 2011, se habría recibido un monto ascendente a aproximadamente 10 millones 950 mil soles".

El juez Víctor Zúñiga dice que el testimonio de Jorge Barata sobre los aportes al partido de Keiko Fujimori "tiene corroboración externa".

El juez señala "que es imposible exigirle a Jorge Barata" una prueba que demuestre que el dinero que entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya ingresó al activo del partido, tal como lo pidió la abogada Giulliana Loza.

Juez: "El núcleo de este testimonio es demostrar que hubo un contacto suficiente con miembros del partido Fuerza 2011 que permitirían inferir razonablemente que dinero producto de actividades ilícitas de Odebrecht ingresó a este partido".

Juez: "El núcleo de este testimonio no es concluir que Barata le expresó a Keiko Fujimori que el dinero era ilícito, tampoco es concluir que se lo entregó a ella".

Respecto a la presunta "contradictoria" declaración de Jorge Barata advertida por la abogada de Keiko Fujimori, el juez dice que "no encuentra esa contradicción porque nunca ha sido parte de la tesis fiscal afirmar que Keiko Fujimori habría tenido una reunión con Barata".

El juez Zúñiga dice que encuentra "coherente y sólido" el relato de Jorge Barata sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

Juez Zúñiga: "Se debe reiterar que hasta este momento este Juzgado no ha determinado con un estándar de sospecha grave el grado de autoría o participación que habría tenido la imputada Keiko Fujimori".

"El Juzgado precisa que este hecho no implica que la investigada Keiko Fujimori ha tenido participación en tales hechos de corrupción que generarían, a través de distintas modalidades, el dinero que sería ilícito y que Odebrecht producía", señala.

El juez considera que, del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht,"se puede desprender una sospecha grave respecto a que el dinero que Odebrecht producía a través de los contratos de concesión que obtenía, por lo menos en Perú, tenía como origen la actividad ilícita de corrupción de funcionarios".

El juez cita la declaración de Fernando Migliaccio, extesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien reconoció ante el fiscal Pérez el pago de 500 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, además de los aportes que fueron confirmados por el propio Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú.

Ahora el juez Víctor Zúñiga da cuenta del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público en el que la constructora reconoce un aporte a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

El juez Víctor Zúñiga también citó un tuit de Keiko Fujimori en el que reconoció la existencia de un "pacto de reserva" con empresarios que realizaron aportes al partido y que no querían ser identificados.

Juez Zúñiga: "Existe sospecha grave en cuanto el dinero que se habría transferido y convertido dentro de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, y que su origen oculto fueron ilícitos"

Juez Zúñiga: "La manera en la que se habrían realizado los aportes al partido político ha evitado que se conozca el origen del dinero, por lo menos por un tiempo, que es lo exigido por la Corte Suprema".

"El Juzgado habría comprobado que existiría sospecha grave respecto a que en el interior de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, se habría pretendido evitar que se conozca la fuente de donde provenía el dinero", dice el juez.

El juez señala que Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama buscaron "evitar que se conozca el origen de la fuente de donde provino el dinero que luego ingresó al partido.

Previamente, el juez Víctor Zúñiga señaló que estos testimonios revelan que existe corroboración "documental y personal" para sospechar que Jorge Yoshiyama y Rolando Reátegui buscaron a personas para simular aportes.

El juez dice que "el ánimo de querer ocultar la fuente de dónde provenía el dinero se comprobaría de dos pruebas que el Juzgado considera claves".

El juez continúa leyendo los testimonios de personas que fueron instruidas por gente de la campaña fujimorista para que realicen depósitos de dinero al banco y simularan que eran los titulares de estos aportes.

El empresario Óscar Moritani Kutsuma, en su declaración del 11 de noviembre del 2019, manifestó que hizo aportes a la campaña de Fuerza 2011 por unas transferencias de Jorge Yoshiyama (40 mil dólares y 8 mil dólares), quien le pidió "un favor" porque el partido había llegado "al límite máximo" permitido para hacer aportes.

Uno de estos falsos aportantes reconoció su firma en la boleta, aunque aseguró que el monto fue escrito por el empresario Giancarlo Bertini Vivanco, sindicado por la Fiscalía como uno de los encargados de esconder los aportes ilícitos en la campaña de Fuerza Popular.

El juez lee las declaraciones de testigos que firmaron recibos en blanco para justificar los aportes de empresarios al partido.

El juez continúa con su análisis de las declaraciones que ofrecieron los testigos de este caso sobre los aportes fraudulentos al partido Fuerza Popular.

Juez: "No hay una incoherencia en el relato del testigo respecto a que existió una solicitud de firma de recibos de aportes dinerario a favor del partido a personas que no se desprendían de su patrimonio para realizarlos".

Juez: "No se observan incoherencias en los testimonios mismos, por lo menos esas incoherencias no se aprecian en relación al hecho resaltado líneas arriba y es el que se está analizando en esta parte".

Juez Zúñiga sobre aportes: "Este juzgado no pretende determinar la sospecha grave en la realización de otros hechos distintos a los resaltados, a pesar de que se pueda desprender de los testimonios".

El juez lee la confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, exsecretario general de Fuerza Popular, sobre los falsos aportantes.

Mientras se realiza la audiencia, Keiko Fujimori informa que esperará la decisión del juez en casa de su madre.

El juez informa que ha tomado en cuenta las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki y del excongresista fujimorista Rolando Reátegui.

No obstante, el juez precisa su Sala "no está afirmado" que el hecho de que un partido exceda la cantidad máxima de aportes prevista en la Ley de Organizaciones Políticas o el hecho de no declarar aportes "cumplen en sí mismos con el tipo del delito de lavado de activos".

El juez menciona que la ley de organizaciones políticas señala que "salvo prueba contraria los aportes no declarados se presumen de fuente prohibida".

Asimismo, dice que "la ley exige que el agente (imputado) pueda inferir que las acciones de cobertura las va a ejecutar un producto o ganancia del delito".

El juez recuerda que el delito de lavado de activos "exige una relación de conocimiento" o un "deber de presunción del origen de los activos".

El juez lee lo que dice la ley sobre el delito de lavado de activos que se le imputa a Keiko Fujimori.

El juez Zúñiga recuerda que, según lo establece la Corte Suprema, las versiones de los colaboradores eficaces no justifican un mandato de prisión preventiva, sino que estos necesitan "otras pruebas" que corroboren estos testimonios.

Panorama de la Sala. Presentes la abogada de Keiko Fujimori y la fiscal Carmen Caro, representante del Ministerio Público.

El juez recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional no puede tener "un carácter vinculante".

El juez Víctor Zúñiga Urday hace un repaso de la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso la libertad de Keiko Fujimori.

Al inicio de la audiencia, el juez Víctor Zúñiga Urday recuerda que la situación de Keiko Fujimori fue evaluada por el Tribunal Constitucional; sin embargo, hace mención a nuevos elementos presentados por el fiscal Pérez.

Se encuentran en la Sala la abogada Giulliana Loza y una representante del Ministerio Público. No están presente el fiscal José Domingo Pérez ni Keiko Fujimori.

Empieza la audiencia que dirige el juez Víctor Zúñiga Urday. Hoy resolverá si acepta o no el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.