La investigación contra Pedro Chávarry y el arresto del fiscal Abel Concha Calla también marcaron el año. | Fuente: Andina

Este lunes, el presidente Martín Vizcarra criticó una vez más al Ministerio Público. “Tiene un serio problema de liderazgo. El fiscal de la Nación no tiene el respaldo de su institución ni de la población”, afirmó durante una entrevista exclusiva en RPP Noticias.

Las palabras del mandatario llegan luego de la solicitud de denuncia por delito de encubrimiento que presentó el fiscal provincial José Domingo Pérez contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de la incertidumbre sobre la ratificación de los fiscales a cargo de la investigación Lava Jato.

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público, bajo la jefatura de Chávarry, genera polémica. La entidad autónoma y sus funcionarios han acaparado la coyuntura de los últimos meses del 2018.

1. Un polémico fiscal de la Nación

Pedro Chávarry Vallejos lleva cinco meses en el puesto de fiscal de la Nación y ya tenía cuestionamientos antes de asumir el cargo. El 19 de julio, un día antes de asumir el cargo, el portal de investigación IDL-Reporteros reveló la proximidad entre Chávarry y el prófugo ex juez supremo César Hinostroza Pariachi con un intercambio telefónico en el que ambos parecían discutir favores. 

Hasta el momento, existen cuatro denuncias en su contra dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Una tiene relación con un presunto plagio en su tesis de maestría y posibles irregularidades en el proceso que lo ratificó como fiscal supremo. Las otras tres tienen que ver con su supuesta pertenencia a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Pese a haber sido presentadas hace más de dos meses, ninguna ha tenido debate en ese fuero.

A lo largo de su gestión, el fiscal de la Nación ha tenido fuertes intercambios de palabras con el presidente Vizcarra (quien le sugirió renunciar por falta de probidad). Su permanencia ha llevado a críticas y confrontaciones desde el sector político, y a un reciente pedido de declaratoria de emergencia de la institución. También ha sido denunciado por uno de sus subordinados, el fiscal José Domingo Pérez.

Pedro Chávarry Vallejos asumió el cargo de fiscal de la Nación para el periodo 2018-2021. | Fuente: Andina

2. Tres años de prisión preventiva para Keiko Fujimori

El 10 de octubre de 2018, la lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, fue detenida preliminarmente por el presunto delito de lavado de activos. El pedido fue presentado por el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien conforma el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato. Casi al vencerse el plazo de diez días de detención preliminar de Fujimori, Pérez solicitó su prisión preventiva por 36 meses. Y se la aprobaron.

La audiencia, atendida por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, tuvo a ambas partes (fiscal y defensa de la imputada) confrontándose durante siete días. La larga jornada judicial sobre el caso Fujimori fue transmitida por el canal y la página de Facebook de Justicia TV, llegando a más de 20 mil usuarios enganchados con el video.

Tras la medida aprobada contra Fujimori, Pérez aprovechó la oportunidad para referirse a su superior jerárquico, Chávarry: “Lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado, debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”. | Fuente: Andina

3. Alan García temió que pidan su detención y buscó asilo

El 17 de noviembre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción dictó una orden de impedimento de salida del país de 18 meses contra el expresidente Alan García Pérez. La medida se basó en un pedido del fiscal Pérez Gómez por la investigación que implicaría a García en un supuesto negociado con Odebrecht sobre la Línea 1 del Metro de Lima.

En un primer momento, el exmandatario dijo que tomaba con tranquilidad la orden de restricción, pero luego se refugió en la embajada de Uruguay y comunicó que el Ministerio Público planeaba pedir su detención y posterior prisión preventiva de 36 meses “en una suerte de emboscada inaceptable”. Según García, miembros del personal del Equipo Especial de las Fiscalías le habrían filtrado la información.

El fiscal Rafael Vela Barba desmintió al exmandatario y aseguró que nunca se pensó en solicitar una orden de prisión. Además, sugirió que las declaraciones de García eran “un invento, como argumento político, para el asilo”. El 3 de diciembre, el gobierno de Uruguay rechazó oficialmente el pedido del expresidente y este tuvo que abandonar la embajada.

El fiscal Rafael Vela desmintió que su equipo haya planificado pedir la prisión preventiva para Alan García. El exmandatario aseguró que eso iba a suceder y que había obtenido la información por fuentes internas. | Fuente: Andina

4. El rol de las fiscales de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

La Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao tuvo un papel protagónico en el caso más sonado del año. Las magistradas de ese despacho, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, llevaron adelante el informe de investigación y las solicitudes de restricción sobre el grupo criminal presuntamente conformado por jueces, fiscales, empresarios y miembros del ahora extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La fiscal Jacqueline Pérez Castañeda, quien fuera separada de la Sexta Fiscalía Superior Penal del Callao, también tuvo un rol importante en el procedimiento indagatorio a 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Fue ella quien, en algún momento, sugirió la salida de todos los funcionarios implicados.

En el caso, que estalló en julio, también ha sido incluido de manera preliminar el propio fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, cuya voz y menciones han sido identificadas en los miles de audios obtenidos de interceptaciones telefónicas. La revelación de una aparente estructura delictiva dentro del Poder Judicial originó renuncias y hasta fugas. Los principales investigados -que ya cuentan con órdenes de prisión preventiva- son el ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, el exjuez supremo César Hinostroza (próximo a ser extraditado desde España) y el exconsejero del CNM Julio Gutiérrez Pebe.

El trabajo de las fiscales Rocío Sánchez, Sandra Castro y Jacqueline Pérez fue clave para conocer la existencia de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. | Fuente: Andina

5. El acuerdo de cooperación con Odebrecht

El Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, coordinado por el magistrado Rafael Vela, suscribió el 8 de diciembre un acuerdo de cooperación y colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht. Según informó Vela, el convenio obliga a la compañía constructora a reconocer su responsabilidad penal y la de sus socios en cuatro obras realizadas en Perú. Además, permite ampliar interrogatorios a personajes clave como Jorge Barata -exrepresentante de Odebrecht- para recabar mayor información sobre funcionarios o políticos peruanos involucrados.

Días después, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pidió mediante oficio que el Equipo Especial le informe sobre “cuestionamientos” identificados en el acuerdo firmado con Odebrecht. En un nuevo oficio, Vela le pidió que precise a qué cuestionamientos se refiere y le recordó que el documento es “de naturaleza reservada”. Para Vela, la acción de Chávarry fue otra muestra de hostilización hacia el grupo de investigadores.

6. La detención del fiscal Concha

El 26 de diciembre, el fiscal superior Abel Concha Calla  fue detenido preliminarmente por su presuntos nexos con la organización criminal chiclayana ‘Los Temerarios del Crimen’. De acuerdo con un colaborador eficaz, Concha habría recibido un soborno de 80 mil por parte del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien se encuentra detenido por supuesta asociación ilícita para el cobro de cupos a transportistas. 

Tras su notificación de arresto de siete días, en medio de un operativo de allanamiento a su vivienda de Surco, el exjuez se mostró sorprendido. "¡¿Detención preliminar?!", se le oye decir en un video. El Ministerio Público investiga a Concha por presunto tráfico de influencias agravado, un delito que se castiga con hasta ocho años de cárcel. Este lunes, la Fiscalía Suprema solicitó 18 meses de prisión preventiva para el magistrado y oficializó la apertura de una investigación preliminar.

El exjuez y actual fiscal Abel Concha Calla fue arrestado tras un operativo de allanamiento en su casa de Surco. | Fuente: Andina

7. La notoriedad de José Domingo Pérez

El magistrado que solicitó y sustentó la prisión preventiva para Keiko Fujimori y el impedimento de salida del país de Alan García ha sido un personaje llamativo este 2018. Como miembro del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, Pérez Gómez mantiene a su cargo las investigaciones sobre aportes sospechosos en las campañas presidenciales de la candidata de Fuerza Popular y del exmandatario aprista. Además, coordina en los casos de presunto lavado de activos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En octubre, antes de la aprobación de arresto a Keiko Fujimori, la Comisión de Defensa del Congreso -presidida por el parlamentario Jorge Del Castillo- citó al fiscal para que explique sus declaraciones sobre el terrorismo durante una conferencia en México. Al finalizar noviembre, Pérez interrogó a su superior, el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, como testigo del caso de presunto lavado de activos de Fuerza Popular. Días después, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público le abrió un proceso disciplinario por supuesta filtración del cuestionario.

Hace unos días, en diciembre, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia en contra de Pérez por presunto plagio en su tesis de magíster. También en ese mes, el fiscal elevó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por indicios de encubrimiento en el caso Fujimori. El gobierno reforzó la seguridad de Pérez luego de que este solicitara mayor protección ante una supuesta amenaza por parte del congresista Carlos Tubino.

8. El internamiento de Edwin Oviedo en el penal de Picsi

El empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) recibió el último mes del año con una orden de prisión preventiva de 18 meses, luego de que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo accediera al pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de esa ciudad. El fiscal a cargo de ese despacho, Juan Manuel Carrasco Millones, le imputa a Oviedo los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado en condición de autor mediato en el marco del caso 'Los Wachiturros de Tumán'. 

De acuerdo con la tesis de Carrasco, el dirigente deportivo utilizó maniobras legales y delictivas para apropiarse de la empresa azucarera Tumán e imponer una estructura de amedrentamiento contra los trabajadores sindicalistas. Antes de la orden de arresto preventivo, Oviedo había sido detenido preliminarmente por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' (una posterior solicitud de prisión preventiva de 36 meses por ese último caso no prosperó). Actualmente, el jefe de la FPF se encuentra recluido en el penal de Picsi de Chiclayo, al que fue trasladado desde Lima luego de que se confirmara su buen estado de salud. 

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