Un fallo del juez federal Brian E. Murphy, de la Corte del Distrito de Boston, ha detenido de manera provisional la deportación de inmigrantes a países como El Salvador, Guatemala y Panamá. Esta medida pone en jaque la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que en los últimos meses había endurecido sus acciones en colaboración con diversos gobiernos. La suspensión podría dejar en EE.UU. a más de 350 000 personas que enfrentaban una orden de deportación inminente.
La decisión del juez obliga al Gobierno a permitir que los inmigrantes puedan impugnar su remoción si consideran que su vida o libertad corren peligro. Esto se enmarca en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos de la ONU, que prohíbe la deportación a países donde los migrantes puedan ser perseguidos o torturados.
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Un fallo que pone en jaque la política migratoria
La administración Trump había alcanzado acuerdos con países como México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala para recibir inmigrantes deportados desde EE.UU., incluso si no eran ciudadanos de estos países. La orden judicial interrumpe este esquema, lo que genera tensión diplomática y complicaciones en la aplicación de las políticas migratorias.
El fallo, emitido el 28 de marzo, solo beneficia a aquellos inmigrantes que ya cuentan con una "orden final de deportación" y no tiene un carácter definitivo. El próximo 10 de abril se celebrará una audiencia en la que se discutirá la posibilidad de una medida cautelar de mayor alcance.
Reacciones y denuncias sobre derechos humanos
La decisión judicial responde a múltiples denuncias de inmigrantes de países como Cuba, Honduras y Ecuador, quienes han argumentado que las deportaciones aceleradas violaban sus derechos constitucionales. Según Muneer Ahmad, profesor de derecho en la Universidad de Yale y abogado de algunos demandantes, este fallo representa un freno a deportaciones masivas que podrían poner en riesgo la seguridad y los derechos de los migrantes.
La medida también ha sido celebrada por diversas organizaciones proinmigrantes, que consideran que la política de deportaciones rápidas del gobierno de Trump ignora las condiciones de vulnerabilidad de muchas personas que buscan refugio en EE.UU.
Otro fallo judicial beneficia a inmigrantes venezolanos
El fallo del juez Murphy se suma a otra decisión judicial emitida en San Francisco por el juez Edward Chen, quien bloqueó temporalmente la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 600 000 venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había impulsado la suspensión de esta protección, pero el tribunal ha detenido la medida de manera cautelar.
Según Reuters, los abogados de la Alianza Nacional de TPS han denunciado que la revocación del TPS era discriminatoria y basada en estereotipos sobre los inmigrantes venezolanos. Con esta decisión judicial, unos 350 000 venezolanos podrán permanecer en EE.UU. por el momento, evitando su deportación inmediata.
Ambos fallos representan un desafío legal para la administración Trump, que deberá buscar nuevas estrategias para mantener sus políticas migratorias en un contexto de creciente oposición judicial y social.
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