A pesar de la importancia de los cheques de estímulo durante la pandemia del COVID-19, algunos estados en Estados Unidos están tomando medidas drásticas para poner fin a estos programas.
Mientras que el gobierno federal ha decidido no autorizar una cuarta ronda de pagos de impacto económico, varios estados han legislado para prohibir cualquier futuro pago de estímulo a sus residentes.
Estados que han cerrado el caño
Virginia Occidental y Wyoming ya han promulgado leyes que impiden a los gobiernos locales la entrega de cheques de estímulo y otros programas de ingresos garantizados. En Virginia Occidental, desde mayo de 2024, está prohibido que las ciudades y condados entreguen cheques de estímulo o cualquier forma de ayuda monetaria recurrente e incondicional. De manera similar, Wyoming ha aprobado una ley que no solo impide la entrega de cheques de estímulo, sino también programas de renta básica universal y cualquier programa similar.
Estados en proceso de prohibición
Otros estados como Kansas e Idaho están en proceso de implementar medidas similares. En Kansas, un proyecto de ley que cuenta con suficiente apoyo para ser aprobado plantea frenar los programas que otorgan dinero a los residentes a través de pagos directos. A pesar de contar con apoyo bipartidista, la medida ha generado polémica y se decidirá en los tribunales. En Idaho, un proyecto de ley busca prohibir a las ciudades y condados gastar dinero en cheques de estímulo y programas de ingresos básicos, argumentando que tales ayudas desalientan a los residentes a trabajar.
Los detractores de estas medidas insisten en que la ayuda económica a las personas elegibles es crucial para que puedan salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los defensores de las prohibiciones argumentan que los cheques de estímulo y las transferencias de dinero en efectivo fomentan la dependencia y reducen los esfuerzos laborales de las personas.
La decisión de estos estados de cerrar el caño a los cheques de estímulo representa un cambio significativo en las políticas de apoyo económico y plantea preguntas sobre el futuro de los programas de ingresos garantizados en Estados Unidos. Mientras algunos estados continúan con estas ayudas, otros han decidido que no habrá más pagos de estímulo, generando un debate nacional sobre la mejor manera de apoyar a los residentes más vulnerables.