El proyecto de ley SB 1205, presentado en el Senado de Texas el 10 de febrero de 2025, ha generado preocupación en la comunidad inmigrante y en defensores de los derechos civiles debido a sus implicaciones en el acceso a la educación pública para estudiantes indocumentados. Esta propuesta legislativa busca enmendar el Código de Educación del estado para prohibir que los distritos escolares utilicen fondos públicos en la educación de estudiantes que no sean ciudadanos, residentes permanentes legales o que no posean un estatus migratorio regulado.
De aprobarse, los distritos estarían obligados a cobrar una matrícula equivalente al costo promedio de educación en el distrito a estos estudiantes, además de documentar y reportar su estatus migratorio a las autoridades correspondientes.
El senador estatal Bob Hall, impulsor de la SB 1205, argumenta que el sistema actual permite que los inmigrantes indocumentados accedan a educación gratuita a expensas de los contribuyentes, lo que, según él, genera un gasto injusto para los ciudadanos estadounidenses. Hall sostiene que es necesario eliminar los incentivos que alientan a las personas a ingresar al país de manera ilegal, incluyendo el acceso a servicios públicos como la educación.
Te recomendamos
Implicaciones de la SB 1205 en la educación de inmigrantes indocumentados
La implementación de la SB 1205 podría tener consecuencias significativas para miles de estudiantes en Texas. Al exigir el pago de matrículas que reflejen el costo real de la educación, muchas familias indocumentadas, que a menudo enfrentan limitaciones económicas, podrían verse incapacitadas de costear la educación de sus hijos.
Esto podría resultar en una disminución en la asistencia escolar y un aumento en las tasas de deserción, afectando no solo el futuro de estos jóvenes, sino también el desarrollo socioeconómico del estado a largo plazo.
Además, la obligación de las escuelas de documentar y reportar el estatus migratorio de los estudiantes podría crear un ambiente de desconfianza y temor entre las familias inmigrantes. Esta medida podría disuadir a los padres de inscribir a sus hijos en la escuela, incluso si cumplen con los requisitos legales, por miedo a posibles repercusiones migratorias.
La abogada de inmigración Belinda Arroyo ha expresado que esta propuesta podría estar sentando las bases para desafiar el fallo de 1982 de la Corte Suprema en el caso Plyler vs. Doe, que estableció que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a educación pública gratuita.
Es importante destacar que, según datos del American Immigration Council, los inmigrantes indocumentados y sus hogares contribuyeron con más de 75 mil millones de dólares en impuestos en 2022, incluyendo 29 mil millones en impuestos estatales y locales. Estos fondos ayudan a sostener servicios esenciales, como la educación pública. Por lo tanto, la exclusión de estos estudiantes podría tener repercusiones financieras adversas para los distritos escolares que dependen de estos ingresos.
Créditos: Univision Noticias | @noticias
