En los Estados Unidos, los beneficios del Seguro Social son un tema importante para millones de personas, incluidas aquellas que han contribuido al sistema durante años a través de sus impuestos. Sin embargo, una cuestión relevante para inmigrantes y residentes que enfrentan la deportación es qué sucede con estos beneficios si son deportados del país.
Este escenario genera incertidumbre, especialmente cuando los inmigrantes tienen derecho a recibir pensiones o ayudas por discapacidad después de haber trabajado en el país legalmente. La preocupación se centra en si estas personas seguirán recibiendo sus pagos o si perderán el acceso a sus beneficios.
La ley actual establece que, en caso de deportación, el acceso a los beneficios del Seguro Social se suspende. Esto incluye pagos por jubilación, discapacidad y beneficios para sobrevivientes. Las personas que son deportadas ya no pueden recibir estos fondos, incluso si han trabajado y contribuido al sistema durante muchos años.
No obstante, existen algunos matices y excepciones, dependiendo del país al que la persona sea deportada y otros factores, que podrían influir en la elegibilidad para recibir pagos futuros o para que los familiares en Estados Unidos continúen recibiendo ciertos beneficios.
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Beneficios del Seguro Social y deportación: ¿Qué opciones existen?
Una vez que una persona es deportada de los Estados Unidos, pierde automáticamente el derecho a recibir pagos del Seguro Social. Esto aplica tanto a quienes están recibiendo beneficios de jubilación como a aquellos que tienen beneficios por discapacidad o por ser sobrevivientes de un trabajador fallecido.
Sin embargo, en ciertos casos, si una persona es deportada a un país con el cual Estados Unidos tiene un acuerdo internacional, conocido como "acuerdo totalizador," es posible que los beneficios puedan transferirse o mantenerse bajo ciertos parámetros. Estos acuerdos permiten a algunos ciudadanos continuar recibiendo pagos o fusionar los beneficios con el sistema de seguridad social del país receptor.
Por otro lado, si la persona tiene dependientes que viven legalmente en los Estados Unidos, como hijos o cónyuge, ellos podrían continuar recibiendo los beneficios en su nombre, dependiendo de las circunstancias.
En cualquier caso, es importante que las personas en esta situación consulten con un abogado de inmigración o con la Administración del Seguro Social para conocer sus derechos y opciones. La deportación complica el acceso a estos beneficios, pero existen recursos legales para proteger los derechos de los familiares que permanecen en el país.
Créditos: María Díaz Seguro Social | @mariadiazsegurosocial
