El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente y, en su primer día de gobierno, firmó una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales. Esta medida, parte de su controvertido plan de control migratorio, redefine la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución y ha generado un intenso debate.
El cambio propuesto por Trump entrará en desalentar la inmigración irregular y frenar los beneficiosvigor el 19 de febrero de 2025. A partir de esa fecha, cualquier niño nacido en territorio estadounidense de padres sin estatus legal o con visas temporales ya no será automáticamente ciudadano. Esta decisión busca derivados de tener hijos en Estados Unidos, pero al mismo tiempo ha desatado críticas legales y sociales por sus posibles repercusiones.
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Redefiniendo el alcance de la 14ª Enmienda
La orden ejecutiva titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” interpreta la frase “sujeto a su jurisdicción” en la 14ª Enmienda como una exclusión para los hijos de personas indocumentadas o con estancias temporales. Aunque históricamente esta enmienda ha garantizado la ciudadanía para todos los nacidos en suelo estadounidense desde 1868, el gobierno de Trump argumenta que no debería aplicarse a quienes no poseen un estatus migratorio permanente.
Esta reinterpretación de más de un siglo de jurisprudencia se enfrenta a un amplio rechazo por parte de expertos legales, quienes afirman que cualquier modificación a una enmienda constitucional requiere un proceso legislativo o una nueva enmienda aprobada por el Congreso.
El cambio afectará a niños(as) nacidos después del 19 de febrero
La enmienda impactará especialmente a las comunidades con altas tasas de inmigración, dejando a miles de niños en un limbo legal sin acceso a documentos esenciales como pasaportes o números de Seguro Social. Esto limitará su capacidad para recibir servicios básicos como educación y atención médica, profundizando las desigualdades sociales.
Organizaciones como Pew Research Center estiman que actualmente hay 4.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos con al menos un padre indocumentado. Estos menores, hasta ahora protegidos por la 14ª Enmienda, podrían quedar sin una ciudadanía clara, lo que afectará significativamente su calidad de vida y oportunidades futuras.
Retos legales para la orden ejecutiva
La controversia legal sobre esta medida es inminente. Especialistas en derecho constitucional señalan que el presidente no tiene autoridad para reinterpretar unilateralmente la 14ª Enmienda. Amanda Frost, profesora de la Universidad de Virginia, asegura que “cualquier intento de modificar los derechos constitucionales mediante una orden ejecutiva está destinado a enfrentar múltiples desafíos legales”.
Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema, donde podría definirse el alcance futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Para muchos, esta acción de Trump representa no solo un abuso de poder, sino también un precedente peligroso para reinterpretaciones constitucionales en otras áreas.
Consecuencias económicas y sociales
Además de las implicaciones legales, la medida podría tener un impacto negativo en la economía, especialmente en comunidades de inmigrantes. Los niños sin ciudadanía perderían acceso a programas financiados por el gobierno, como Medicaid y la educación pública, lo que podría incrementar la pobreza y las desigualdades estructurales en el país.
El debate en torno a la eliminación de la ciudadanía por nacimiento no solo afecta a las políticas migratorias, sino también a los valores fundamentales de igualdad y derechos establecidos por la Constitución de Estados Unidos.
Créditos vídeo: YouTube | @elheraldodemexico.
