El informe elaborado por el congresista Héctor Ventura propone que el exmandatario no pueda ejercer cargos públicos durante 10 años, mientras que para los exministros propone una inhabilitación de 5 años.
Así lo denunciaron los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en un comunicado conjunto, en el que aseguraron que el dinero robado sirvió para financiar el programa militar norcoreano.