IPD modificó artículo de la directiva que regula condiciones de arrendamiento de escenarios deportivos en Lima Metropolitana, entre los que está incluido el Estadio Nacional.
Así lo denunciaron los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en un comunicado conjunto, en el que aseguraron que el dinero robado sirvió para financiar el programa militar norcoreano.