El caso se originó a raíz de una denuncia periodística, emitida en mayo del 2020, en la que se reveló la existencia de contratos entre el Ministerio de Cultura y Richard Cisneros, quien fue sindicado de ser una persona cercana a Martín Vizcarra cuando postulaba en la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016.